Dourado: la sociedad no puede subsidiar una empresa internacional que factura en el exterior.

Las aplicaciones “no tienen ninguna responsabilidad social, ni un laudo, tampoco tienen trabajadores ni deben pagar licencias y están pidiendo exoneraciones cuando trabajan para una empresa multinacional que les saca a los conductores el 25% de las ganancias y ni siquiera utiliza ese dinero en el país, mientras que el taxi “tiene siete mil personas que trabajan en el rubro”.

El presidente de la patronal del taxi, Oscar Dourado, consideró como “una vergüenza” el hecho de que los choferes de las aplicaciones como Uber y Easy pidieran más beneficios y exoneraciones, como en el caso de la nafta, para desarrollar su trabajo.

“Es totalmente ilógico que la ilegalidad pida que toda la sociedad los subsidie a ellos que le dan servicio solo a los sectores más pudientes, que aceptan solo pago con tarjeta internacional, que tienen una tarifa a demanda y a conveniencia, engañando al público y cobrando más de 3 veces lo que dicen que van a cobrar”, expresó la patronal en un comunicado de prensa.

Dourado, en tanto, sostuvo que las aplicaciones reclaman derechos cuando ellos ni siquiera cumplieron con las obligaciones y tampoco respetaron las normas laborales ni los permisos que habían sido otorgados para todas las actividades del transporte.

“No han avasallado, no solamente al taxi, sino también a los remises y hoy también están teniendo sus efectos en el transporte colectivo que viene teniendo una pérdida brutal de pasajeros”, expresó Dourado.

Las aplicaciones “no tienen ninguna responsabilidad social, ni un laudo, tampoco tienen trabajadores ni deben pagar licencias y están pidiendo exoneraciones cuando trabajan para una empresa multinacional que les saca a los conductores el 25% de las ganancias y ni siquiera utiliza ese dinero en el país, mientras que el taxi “tiene siete mil personas que trabajan en el rubro”.

“Irrespetuosos”.

Dourado no ocultó su sorpresa por el pedido de los socios de la app y lo consideró como “una improcedente e irrespetuosa solicitud de quienes han venido a robar el trabajo a los taximetristas”. Asimismo, sostuvo que las aplicaciones “ya tienen suficientes beneficios y no se merecen más”.

“Los choferes de las apps compran autos que nosotros desafectamos, y que tienen 600 mil kilómetros. Ellos pueden tener autos viejos trabajando cuando a nosotros se nos exige, a la hora de empadronar, que el auto sea cero kilómetros”, indicó.

También se refirió al hecho de que las aplicaciones pueden tener vehículos de 1.000 centímetros cúbicos cuando ellos tienen que tener obligatoriamente autos de cilindradas mayores “para darle al público el servicio que se merece”, dijo.

También están obligados a tener una mampara que según dice, los aprieta, les molesta y no les da seguridad, ya que “el último taxista muerto tenía mampara”.

“Nosotros estamos en contra de ellas, los que quieren mantenerla son cuatro personas que dicen representar a los taximetristas”, expresó Dourado.

A las aplicaciones, “no se les exige tener nada”, ni siquiera “pagar la chapa como pagamos nosotros para desarrollar la actividad”, continuó Dourado. “Con esa plata que nosotros pusimos y ellos no, les da para comprar el combustible que gastarían en 20 años”.

Sin control.

Según consideró el presidente de la patronal del taxi, la IMM no controla si las aplicaciones cumplen o no con los requisitos.

“Hacen lo que quieren, no cumplen con nada y la regulación fue realmente desventajosa para el taxi. Recién ahora que se habilitaron a 4.100 conductores de apps se dice que se va a hacer un estudio de mercado para ver el daño que le causó al transporte”, dijo.

“Esta empresa que se burló de todos ahora pide más beneficios y exoneraciones. Lo más ricos quieren ser los más beneficiados. Nunca le deberían dar esos beneficios. Que se lo pidan a las propias empresas en la que trabajan que les sacan a los conductores el 25% sin ni siquiera tener empleados”, sostuvo Dourado.

Según dijo el gremialista del taxi, “si le pidieran a Uber que regularizara y pagara lo que tendría que haber pagado durante el año y medio que estuvo funcionando ilegalmente en el país —como BPS, DGI o los seguros contra los pasajeros— con solo eso ya tendría una deuda millonaria, que la tienen, pero que nunca la van a pagar porque no están localizados en Uruguay”, sentenció.